Caso Neymar: la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide cárcel para Bartomeu y Rosell

Poco le ha durado al Barcelona la alegría del Clásico. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a Pablo Ruz, juez que instruye el Caso Neymar, dos años de cárcel para el presidente del Barça, Bartomeu. La pena es mayor si atendemos a su predecesor, Sandro Rosell, para el que la Fiscalía reclama 7 años.

Según ha informado la Cadena Ser, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a Pablo Ruz dos años y tres meses de cárcel por delito fiscal a Josep María Bartomeu. Para Sandro Rosell pide siete años y tres meses de cárcel por dos supuestos delitos de fraude fiscal y uno de administración desleal. El club también deberá pagar multas e indemnizaciones que ascienden a una cifra de 33 millones de euros, además de las que atañen a los presidentes de la entidad.

La pena podría haber sido aún mayor. Según han informado, el fiscal ha aplicado una atenuante, la de reparación del daño. El FC Barcelona abonó unos 13,5 millones de € en una declaración complementaria por el supuesto fraude en el fichaje del brasileño.

El 13 de marzo, el mismo juez de instrucción, Pablo Ruz, dio por concluida la fase de instrucción. Ahí pasó a procesar a Josep María Bartomeu, Sandro Rosell y al FC Barcelona por un supuesto delito contra la Hacienda Pública y Administración desleal.

Así las cosas, la Fiscalía ha tenido un plazo de 10 días para presentar la acusación contra los procesados. Hoy ha dado a conocer dichas penas.

Pablo Ruz considera que los dos presidentes ocultaron a los socios del FC Barcelona a consciencia la información el verdadero coste de Neymar. El juez concluye que Rosell “encubrió u ocultó lo que en realidad constituían un aumento del coste para el club por el fichaje”. Además, considera que el predecesor de Bartomeu “ideó fragmentar el pago en diversas partidas” para simular pagos a sociedades en pantalla –administración desleal- y así abonar un salario sin tributar en España –delito contra la Hacienda Pública.

Con Bartomeu, el juez se basa en “el protagonismo que tuvo en la génesis de las operaciones y en el desarrollo del fichaje”. En principio no fue imputado, pero el pago de febrero de 2014 del último plazo del contrato inicial –5 millones de €- le implicó. Ruz decidió imputarle en primera instancia para después procesarle por “declaración extemporánea”.